El Gobierno endurece los requisitos para el ingreso de extranjeros al país
Política | 14 de mayo del 2025 — A través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno nacional introdujo una reforma migratoria que endurece los criterios de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para extranjeros. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, busca redistribuir el uso de los recursos públicos en favor de los ciudadanos argentinos, según argumenta el Ejecutivo.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 14, 2025
Entre los principales puntos del decreto, se destaca la inadmisibilidad de ingreso para personas con antecedentes penales, independientemente de la tipificación del delito, según el nuevo decreto. Asimismo, cualquier extranjero que cometa un delito en territorio argentino podrá ser expulsado, incluso si la condena es inferior a cinco años, lo cual antes no era causal de deportación.
Además, se establecen nuevas condiciones para el acceso a servicios públicos: los extranjeros en situación transitoria, temporaria o irregular deberán abonar por la atención médica y contar con un seguro médico para poder ingresar al país. En el ámbito educativo, las universidades nacionales podrán aplicar aranceles a los residentes temporarios, aunque la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita.
La reforma también introduce requisitos más estrictos para la obtención de la ciudadanía y la residencia permanente. La Carta de Ciudadanía ya no será otorgada automáticamente tras dos años de residencia, como ocurría anteriormente. Ahora, será necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Acreditar una residencia continua en el país por un período mínimo de dos años.
- Demostrar medios de vida lícitos y estables durante ese período.
- Carecer de antecedentes penales, tanto en Argentina como en el país de origen.
- Presentar constancia de una inversión significativa en el país, cuyo monto y características serán definidos por la autoridad migratoria.
- No haber ingresado o permanecido en el país de forma irregular.
Por su parte, la residencia permanente exigirá condiciones similares, incluyendo la presentación de antecedentes penales limpios y prueba de ingresos o sustento económico.
Desde el Ejecutivo aseguran que esta reforma tiene como objetivo “ordenar el sistema migratorio y garantizar el buen uso de los recursos del Estado”, mientras que diversos sectores ya anticipan un debate sobre el impacto social y legal de las nuevas disposiciones.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho migratorio advirtieron que las nuevas disposiciones podrían vulnerar principios constitucionales y tratados internacionales. Algunos sectores consideran que las medidas podrían generar discriminación o limitar el acceso a derechos básicos, en particular para personas en situación de vulnerabilidad.